Declaración de AAH: La EPA y el TCEQ deben rescindir sus decisiones de suspender indefinidamente las regulaciones ambientales y aplicar una «ejecución a su discreción» en respuesta a COVID-19

2020-06-11T19:06:49-05:00Noticias|

Declaración de Air Alliance Houston sobre las notificaciones de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en ingles) y la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) para suspender indefinidamente las regulaciones ambientales y aplicar una «ejecución a su discreción» en respuesta a COVID-19:

Según un análisis reciente de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Texas, muchas de las comunidades del área de Houston que tolerarán la carga del sistema de salud pública, que impondrán estas decisiones imprudentes, también tiene un mayor riesgo de experimentar peores consecuencias de salud a causa de COVID-19.

COVID-19 presenta desafíos específicos para las personas con afecciones de salud subyacentes, así como para los ancianos y el grupo que ya tienen un mayor riesgo de enfermarse y un índice alto de muerte prematura por contaminación del aire. Además, la contaminación del aire también podría aumentar los impactos a la salud pública por COVID-19. Sin embargo, durante la semana pasada, los funcionarios del gobierno estatal y federal emitieron declaraciones que liberan a las principales instalaciones industriales de las normas que les obligan a cumplir con los permisos de contaminación y los exonera de reportar a tiempo ciertos incidentes ambientales. Estas exenciones ponen la salud pública de las comunidades que ya luchan con las consecuencias de una pandemia en curso en un riesgo aún mayor.

Las normas ambientales de la nación son algunas de las primeras líneas de defensa para proteger la salud pública. El hecho de no reconocer que la disminución de estos requisitos durante una emergencia de salud pública en aumento no solo pone a las comunidades en mayor riesgo, sino que también tiene el potencial de aumentar la carga sobre el ya tenso sector laboral de atención médica, incluyendo los socorristas. La conclusión inevitable es que nuestro gobierno sigue fallando cuando se trata de proteger la salud pública.

Se necesita claridad para determinar qué medidas están tomando las instalaciones para evitar emisiones ilegales de contaminación del aire y minimizar las amenazas químicas durante estos tiempos inciertos.

Hay más de 400 instalaciones petroquímicas en el condado de Harris, incluidas dos de las cuatro refinerías de petróleo más grandes de EE. UU. Dos de las agencias moderadoras ambientales más grandes del mundo, EPA y TCEQ deben reconocer su responsabilidad principal de garantizar que todas las comunidades respiren aire limpio todos los días y que estén protegidas de estar expuestos a la contaminación del aire durante los desastres, incluyendo con la enfermedad del COVID-19. La EPA y TCEQ que otorgan exenciones ambientales durante COVID-19 deja a las comunidades de Houston indefensas contra los contaminadores industriales. En una carta dirigida al presidente Trump y otros funcionarios electos, una coalición de la industria solicitó que todos los niveles del gobierno se unan para aplicar una definición coherente en relación con el término «infraestructura crítica» y seguir las recomendaciones emitida por el Departamento de Seguridad Nacional Cibernética y la Agencia de Seguridad de Infraestructura en como identificar «Trabajadores de Infraestructura esenciales».

Durante cualquier desastre, los trabajadores del sector de la salud, seguridad y medio ambiente (HSE) en las instalaciones industriales deben considerarse parte de la «fuerza laboral de infraestructura esencial» para garantizar que las instalaciones funcionen de manera segura y para tener protección contra desastres mayores. Sin el personal de HSE adecuado, los trabajadores en las instalaciones se ponen en peligro, los accidentes prevenibles que derraman químicos tóxicos no se detectan y, lo que es peor, pueden ocurrir grandes desastres como el incendio de la Empresa de Terminales Intercontinentales (ITC, por sus siglas en inglés). No está claro en la guía emitida si se considera al personal de HSE como “fuerza laboral de infraestructura esencial” y qué pasos se están tomando para proteger a las comunidades durante este tiempo vulnerable.

El cumplimiento ambiental ya es vergonzosamente inadecuado en condiciones «normales», ya que el 97% del tiempo la TCEQ no penaliza a los trasgresores.

En un día normal, las emisiones ilegales de contaminación son muy comunes en Houston y Texas. Para las personas que viven aquí, particularmente aquellas que viven cerca de estas instalaciones, la acción de cumplimiento es crítica para disuadir a la industria de violar los permisos ambientales. Por ejemplo, un análisis reciente de los datos de monitoreo del aire con benceno de EPA realizado por el Proyecto de Integridad Ambiental, encontró que la mitad de las refinerías con la mayor cantidad de emisiones de benceno que causan cáncer en los EE. UU. están situados aquí en la Ciudad de Houston. De hecho, la propia investigación de AAH descubrió que el Sistema de Refinación de Pasadena no reportó sus emisiones de benceno a la TCEQ en el otoño del 2018.

Además, el fracaso histórico y continuo de la EPA y TCEQ de responsabilizar a las instalaciones por repetidas violaciones fue un factor contribuyente que condujo a la serie de devastadores incendios industriales el año pasado en la región de Houston. Tal evento causaría razonablemente que los recursos críticos de salud pública y atención médica se redirijan lejos de apoyar con la situación de COVID-19 y otros pacientes que necesitan atención de emergencia. Además, un evento «similar a la ITC» durante este tiempo comprometería el bienestar físico y mental de un público ya frágil. Ahora no es el momento de disminuir los requisitos existentes.

La acción de cumplimiento ambiental es crítica para las comunidades de color y los vecindarios de bajos ingresos para protegerlos de los impactos desproporcionados de la contaminación del aire y los riesgos de seguridad química en su salud y bienestar.

Históricamente, las comunidades de color y los barrios de bajos ingresos han sido tratados como daños colaterales. En consecuencia, en 1994, el expresidente Bill Clinton emitió la Orden Ejecutiva 12898 para abordar los problemas de justicia ambiental en comunidades de color y poblaciones de bajos ingresos. La EPA define la justicia ambiental como «el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, implementación y cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas ambientales». Tanto la EPA y TCEQ no han tomado medidas vigorosas para hacer cumplir las leyes existentes y mantener efectivamente la intención de la Orden Ejecutiva 12898. Al dar este paso, la EPA y TCEQ están enviando un mensaje claro de que la salud y el bienestar de las comunidades de justicia ambiental no importan, ni siquiera durante una crisis de salud pública.

El público depende de todos los niveles del gobierno para responsabilizar a las instalaciones, especialmente en tiempos de crisis.

Aplaudimos la declaración emitida por los Servicios de Control de Contaminación del Condado de Harris, esencialmente intensificando donde tanto la EPA y TCEQ tienen la intención de no apoyarnos. Sin embargo, necesitamos la resolución de todos los niveles del gobierno para hacer cumplir las restricciones existentes durante estos tiempos inciertos.

AAH exige y continuará trabajando hacia una mayor transparencia para todas las comunidades afectadas por estas órdenes y trabajará para garantizar que las instalaciones se hagan responsables.

Después de que instalaciones liberaron millones de libras de exceso de contaminación durante el huracán Harvey, hemos aprendido que se necesita más, y no menos, transparencia y responsabilidad durante los desastres. Si bien las emisiones ilegales de contaminación ya son muy comunes en Houston y Texas, durante la última sesión legislativa, la TCEQ recibió fondos para aumentar su capacidad para acelerar los permisos del aire en lugar de aumentar la capacidad de implementación. Además, con cada crisis, tanto nuestro gobierno estatal como federal demuestran cuán mal equipados están para manejar los desastres y cuán dispuestos están a excusar el comportamiento ilegal de las instalaciones industriales. En pocas palabras, estas acciones demuestran las prioridades de la EPA y TCEQ. Al emitir declaraciones irresponsables que anuncian la «ejecución a su discreción» durante una pandemia de salud pública y la suspensión de la implementación de las leyes ambientales, nuestros gobiernos estatales y federales continúan incumpliendo su responsabilidad legal y moral de proteger la salud y el bienestar de todos nosotros.